La
combinación de la meta de 22,8 km/lge con el exigente ciclo de pruebas WLTC
obliga a las marcas a sacrificar sus autos más vendidos para no sobrepasar el
promedio legal de emisiones.
El mercado automotor chileno se encamina hacia un punto de inflexión sin precedentes. A partir de enero de 2027, la entrada en vigencia del segundo tramo de la Ley N° 21.305 de Eficiencia Energética pondrá en jaque la oferta de vehículos de entrada en el país, amenazando con la salida de más de 800 modelos comerciales. A través de un riguroso análisis técnico e institucional, la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM) explica las causas de fondo que originan este fenómeno y el impacto que tendrá sobre las familias, las pymes y la renovación del parque vehicular.
¿Por
qué la norma retira autos y no los prohíbe directamente?
El
origen de esta crisis de oferta radica en el diseño legal del instrumento
regulatorio. La Ley N° 21.305 no establece una prohibición explícita modelo por
modelo ni opera como las normas de homologación EURO (que fijan un techo
directo de gases contaminantes para cada tubo de escape). Por el contrario, la
legislación chilena evalúa el promedio
de flota comercializada.
Bajo
este esquema, la autoridad fija una meta de eficiencia medida en kilómetros por
litro de gasolina equivalente (km/lge) que debe ser cumplida por el volumen
total de vehículos que un importador comercializa en el año. Si el promedio de
la marca no alcanza la meta fijada por el Ministerio de Energía, la empresa
incurre en un incumplimiento gravado con cuantiosas multas calculadas por cada
décima de desvío y multiplicadas por cada unidad vendida en el periodo.
Las
causas del choque: Meta de 22,8 km/lge y protocolo WLTC
La
causa directa de la salida masiva de modelos es la colisión de dos exigencias
regulatorias sobre las marcas automotrices:
1. Aumento de la exigencia
promedio:
Para el trienio 2027-2029, la norma eleva el estándar promedio exigido de 18,8
a 22,8 km/lge, exigiendo un salto de eficiencia del 21,3% en la flota
comercializada.
2. Implementación
obligatoria del ciclo WLTC:
Paralelamente, la homologación en Chile pasó a medirse bajo el protocolo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure (WLTC). Este test de laboratorio impone aceleraciones más
bruscas, mayores velocidades promedio y menor tiempo en ralenti, reflejando de
forma más fiel la conducción real. Como resultado, las cifras de rendimiento
homologado bajan numéricamente en comparación con las mediciones antiguas.
Este
"doble ajuste" provoca que prácticamente la totalidad de los autos
con motor de combustión interna tradicionales e incluso la mayoría de los
vehículos híbridos auto-recargables (HEV) queden por debajo de los 22,8 km/lge.
Como las importadoras no pueden arriesgarse a pagar sanciones millonarias
—estimadas en US$75 millones al año para la industria—, la única decisión
viable es eliminar de la oferta aquellos modelos que arrastren hacia abajo el
promedio global de la marca.
Los
modelos de entrada: Las principales víctimas del ajuste
Los
automóviles más afectados por este mecanismo son los modelos de entrada con
valores inferiores a los $15 millones, segmento que concentra la preferencia de
la clase media y de quienes buscan su primer medio de transporte o de trabajo.
Al
no contar con complejas tecnologías de hibridación o baterías eléctricas que
eleven su ponderación de eficiencia, vehículos de altísimo volumen de ventas
quedarían al borde de la discontinuación. Entre los principales modelos
amenazados se encuentran:
· Hatchbacks y Citycars: Suzuki Swift, Kia
Morning, Hyundai Grand i10, Suzuki Celerio y Suzuki Baleno.
· Sedanes subcompactos: Kia Soluto, Chevrolet
Sail, Hyundai Accent y Changan Alsvin.
· SUV de entrada: Chery Tiggo 2, MG ZS y
Chevrolet Groove.
La
alternativa técnica para mantener estos vehículos en el mercado consistiría en
incorporarles motores microhíbridos (MHEV) o asistencias eléctricas avanzadas.
Sin embargo, CAVEM advierte que esta adecuación añadiría un sobrecosto de entre
US$3.500 y US$5.000 por automóvil. Sumar ese valor a un auto de $10 o $12
millones destruye la accesibilidad económica del segmento, haciendo desaparecer
la categoría de entrada.
El
análisis de CAVEM: Impacto económico y paradoja ambiental
El
diagnóstico institucional desarrollado por CAVEM pone de relieve las
consecuencias sociales y ambientales que acarreará la aplicación rígida de esta
exigencia:
· Paradoja de las
emisiones:
Si el valor de los automóviles de entrada sube drásticamente, los consumidores
de ingresos medios y las pequeñas empresas no podrán financiar la compra de un
auto nuevo. La consecuencia inmediata será el envejecimiento del parque
vehicular: las personas postergarán la renovación y continuarán circulando en
vehículos usados de mayor antigüedad, los cuales consumen más combustible y
emiten sustancialmente más contaminantes, neutralizando el objetivo ambiental
de la ley.
· Incertidumbre en la
cadena de valor:
La contracción estimada de hasta 80.000 unidades en las ventas de 2027 (cerca
del 25% del mercado) provocará un impacto directo en la actividad comercial
estimado en US$1.760 millones. Esta caída pone en riesgo los 115.000 empleos
directos que sostiene el sector a través de concesionarios, talleres, empresas
de transporte y proveedores regionales.
· Efecto en las arcas
públicas:
La reducción en las transacciones significará una caída directa de US$281
millones en la recaudación del IVA y más de US$20 millones por concepto de
impuesto verde y permisos de circulación, afectando de manera relevante los
ingresos de los municipios a lo largo del país.







