Se trata de un proyecto del gobierno autónomo de las Islas Baleares, el que contempla limitaciones al uso de autos diésel en 2025 y a gasolina a partir de 2035.

Que el motor de combustión interna es una tecnología con fecha de caducidad es una realidad admitida por todos. El diésel y la gasolina fueron los motores del desarrollo durante el siglo XX, pero también son los responsables de gran parte de la contaminación que causa el cambio climático y afecta a nuestros pulmones, sobre todo en las grandes ciudades. Gobiernos y fabricantes saben que el futuro próximo pasa por vehículos más limpios. El objetivo final es alcanzar las cero emisiones en el año 2050, objetivo que la Unión Europea debería alcanzar en 2040.

Sin embargo, todavía hay algunos que luchan contra las resistencias de quienes quieren exprimir el motor de combustión con la idea de que todavía tiene espacio de desarrollo y de que las decisiones que limitan el empleo de estas tecnologías son apresuradas.

Precisamente, hace pocos días, la Comisión Europea admitió a trámite el recurso de Anfac (la asociación española de fabricantes de automóviles) contra la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern Balear (que administra estos procedimientos en las Islas Baleares). ¿Su problema? Poner fecha final a la matriculación de nuevos vehículos contaminantes.

La ley propuesta en Baleares, todavía en tramitación, plantea limitar la circulación de vehículos diésel en 2025 y de gasolina para 2035, es decir, dentro de 16 años. Estos límites no se aplican a los vehículos ya registrados, por lo que ningún residente se vería obligado a cambiar su auto antes de tiempo. Además el adelanto en el fin del diésel es coherente con la baja proporción de estos autos en las islas, donde sólo 1 de cada 3 vehículos utiliza el diésel como combustible.

De acuerdo a un comunicado de Greenpeace España, "aunque la ley balear es flexible y su incidencia en la población es mínima, los fabricantes se han puesto en pie de guerra. an que este tipo de medidas "causan confusión" y que bloquean la renovación del parque móvil (vendiendo menos automóviles)".

Los defensores del proyecto de ley aseguran que estas islas, relativamente pequeñas en superficie y con una red de carreteras más bien corta a consecuencia de ello, son técnicamente favorables para la implantación de flotas eléctricas debido a los recorridos comparativamente cortos que tendrían que hacer los nuevos autos electrificados.

Fuentes recolectadas por la agencia Europa Press señalan que, en opinión de Anfac el mencionado proyecto contempla medidas "arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas", que están "huérfanas" de cualquier respaldo técnico y científico y que suponen "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea".

Desde la asociación de fabricantes de vehículos aseguran que este proyecto de Ley establece una prohibición que va "mucho más allá" de las propuestas marco de la CE, puesto que el enfoque comunitario apuesta por descarbonizar la economía de la UE "desde un punto de vista amplio y con la contribución de todos los sectores". "La UE apuesta por fijar una senda hacia la descarbonización en 2050 que incluye estrategias de impulso y no prohibiciones", aseguran desde la organización, al tiempo que subrayan que esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos.

Fuentes: Greenpeace, Europa Press.