Iniciativa parlamentaria permitiría el saneamiento de 200 mil automóviles estiman en el rubro del país altiplánico. En 2011 se materializó una medida similar en esa nación.

Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó al menos tres proyectos de ley para promover la nacionalización de los denominados autos chutos, bajo diferentes argumentos, el último, generar "recursos económicos para las arcas del Estado" y que pueden ser utilizados en este periodo de pandemia Covid-19.

El pasado 15 de junio, la diputada Concepción Ortiz (MAS) presentó el proyecto de "Ley Excepcional de Saneamiento Legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentadas" o comúnmente la llamada "nacionalización de autos chutos", con cobros de hasta el 50 por ciento de impuesto omitido.

La última vez que se regularizó fue en junio de 2011, actualmente no existe una normativa legal para la nacionalización de motorizados indocumentados. Según datos, en 2015, la Aduana incautó 1.200 vehículos chutos, en 2016 subió a 1.683. Según estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hasta hace años atrás que habían más de 33.000 autos ilegales, además de alrededor de 10.000 placas clonadas.

La asambleísta del MAS justifica que éste trámite tiene dos objetivos: los social, permitir que muchas personas adquirieron vehículos chutos y que están circulando en las ciudades; el otro es específicamente económico, debido a que el Estado recaudará mayores recursos con el pago de impuestos, "mucho más cuando en el país está el coronavirus puede servir para la lucha contra la emergencia sanitaria".

El documento señala que la norma "tiene por objeto establecer de forma excepcional un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques, semirremolques y los destinados para las federaciones departamentales de la micro y pequeñas empresas".

Los propietarios de vehículos a gasolina y GNV se presentarán en la Administración Aduanera y someterán la mercancía a despacho aduanero. Además, debe presentar certificado de DIPROVE que acredite la inexistencia de denuncia por robo, pago de tributos aduaneros aplicables a su importación, pago de una multa equivalente al 50 por ciento del tributo aplicable.

Sin embargo, asambleístas opositores al MAS refieren que a nombre de la pandemia Covid-19 los representantes del partido azul buscan favorecer a determinados sectores, además de preguntarse ¿qué interés hay tras esta pretendida nacionalización?

"Buscan legalizar una actividad ilegal a nombre de generar recursos económicos y que podrían ser utilizados para la lucha contra coronavirus, pero contrariamente niegan aprobar créditos que son tramitados de forma legal, entonces, a quién pretenden engañar, este doble comportamiento electoralista, ofrecer o actuar con prebenda y cuando faltan apenas un par de meses para que se llevan adelante los comicios generales del 6 de septiembre próximo", manifestó el diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD).

Intentos fallidos

En los últimos meses, otros asambleístas del MAS presentaron proyectos de ley e insinuaron promover la amnistía para vehículos que ingresaron de forma ilegal al país, mismos que generalmente se encuentran en diferentes provincias.

A fines de noviembre de 2019, el senador del MAS, Omar Aguilar, anunció que presentará un proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados, o también llamados "chutos", y de esa manera generar nuevos ingresos para el erario nacional tras las afectaciones económicas causadas por los conflictos políticos.

"Hoy día hemos anunciado, hemos terminado de prepararlo, en las próximas horas vamos a presentarlo de manera formal a la Cámara de Senadores que va a ser cámara de origen", informó en su oportunidad el legislador.

Más adelante, en diciembre del mismo año, el diputado Manuel Mamani, también del MAS, presentó otro proyecto para regularizar vehículos indocumentados.

En la oportunidad explicó que hay una gran cantidad de vehículos ilegales que se concentran en las zonas periurbanas y rurales que generan perjuicios económicos considerables a los municipios, puesto que "al no encontrarse debidamente registrados no tributan".

Refirió que existen personas en las provincias con motorizados indocumentados y lo que se busca es que tengan papeles al día, además poder cargar combustible.

En la ocasión, sostuvo que más de 50 mil vehículos a nivel nacional están indocumentados con presencia en el cono sur, el valle alto, el trópico de Cochabamba y en otros departamentos del país.

Recientemente, el Comité de Planificación de la Cámara de Diputados, consideró una propuesta planteada por la diputada Lidia Patty (MAS) que también buscaba la amnistía de los autos indocumentados.

Se conoció que el documento fue rechazado porque no estaba fundamentado ni documentado.

Preocupación

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su disconformidad absoluta y advierte riesgos de quiebra en las empresas formales del sector, en el caso de que se apruebe el proyecto de  Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras Mercancías Indocumentados.

Luis Encinas, gerente general de la CAB, explicó que a la fecha hay más de 20.000 unidades nuevas sin vender, importadas por el sector automotriz, que han pagado todos los tributos e impuestos por la vía formal y que actualmente hay más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riesgo de quiebra por las condiciones adversas, competencia desleal de informales y el contrabando.

"Sabemos el origen de estos vehículos que es el contrabando y que dice la ley , tráfico ilegal de mercancías sin pagar derechos aduaneros tipificados por ley, es una acción antijurídica. El primer delito es el tema de legalizar el contrabando, precursor de la legalización de ganancias ilícitas, de dónde es el origen de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo u otros delitos", señaló.

Por otra parte refirió que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en días pasados bloqueo diferentes créditos que se tramitaron para atender la pandemia Covid-19.

"Recientemente la Asamblea Legislativa Plurinacional ha vetado una norma que permitía conseguir recursos para la pandemia y no puede justificar, inmediatamente después, dos meses antes de las elecciones de decir que es para conseguir recursos para la pandemia, algo raro está pasando", cuestionó.

Además, dejó en claro que pese a la ilicitud de los vehículos, de ser nacionalizados, se beneficiarán con combustible subvencionada, del que actualmente gozan los más de 120 mil vehículos nacionalizados en 2011 mediante la aplicación de la Ley 133.

Fundamentos del proyecto actual

Ahora, en el proyecto entregado por la diputada Ortiz, en la exposición de motivos señala que entre 1994 y 2005 se aprobaron programas de regularización de autos indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando al país.

Indica que por 141.674 autos se llegó a recaudar más de 1.128,3 millones de bolivianos. En el documento menciona que según los análisis hechos los ingresos que se obtienen en promedio son 3.969 bolivianos por cada uno.

La Ley 133 de Saneamiento Legal, promulgada en junio de 2011, establece en su artículo primero que "por única vez se autoriza un programa de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques (...)".

El plazo de este programa vence el 7 de noviembre próximo. "La prescripción legal de la ley señala que al cabo de nueve años surge la necesidad económica y social, nuevamente, de forma excepcional, normar un nuevo proceso de nacionalización de autos indocumentados".

De acuerdo con la proyectista, los vehículos que sean a gas natural vehicular (GNV) deben pagar una multa del 25% del tributo omitido. En el caso de autos a diésel y gasolina su multa será el 50% del tributo omitido; para los remolques y tractores hasta un 25%.

Carabineros afirma que control fronterizo "es permanente" y alista repatriación de 13 autos

El coronel Francisco Villarroel, jefe del departamento Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, afirma que "el control fronterizo es permanente y no solo se realiza porque se cree que van a aumentar los robos de autos".

El uniformado explica que existen acuerdos entre Chile y Bolivia para la colaboración de las policías de ambos países que apuntan a la investigación de los delitos de robos de vehículos.

Villarroel señala que actualmente están a punto de regresar a nuestro país 13 vehículos que habían sido robados en diversas ciudades del norte del país, la mayoría sin violencia.

Pero recuerda que en los años 2012 y 2013 un trabajo conjunto entre las policías de Chile y Bolivia permitió que retornaran a suelo nacional 509 vehículos que habían sido sustraídos y llevados a la nación vecina.

El coronel comenta que la totalidad de los autos robados que logran pasar la frontera con Bolivia están ligados a delitos efectuados en el norte de Chile, y añade que no existen registros de casos ocurridos en la Región Metropolitana. Asegura que h mejorado la vigilancia en pasos fronterizos no habilitados y reitera que están permanentemente intercambiando información con la policía boliviana.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), Carlos Dumay, comenta que "de producirse esto en Bolivia, el daño sería enorme para toda la acción policial que realiza Carabineros y la PDI en el norte del país?. Además, advierte un perjuicio para las compañías de seguros y enfatiza que ?no puede ser que un país permita legalizar vehículos robados".

Dumay anticipa que el proyecto generaría un alza en los robos de autos en el norte del país.

Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), coincide en que la iniciativa genera "un incentivo perverso que aumenta de robo de vehículos con mayor o menor grado de violencia, porque se resuelve un problema para los delincuentes al permitir regularizar los vehículos indocumentados. Eso conlleva una sensación de inseguridad generalizada de los usuarios".

Mendoza agrega que "un segundo problema son todos aquellos delitos anexos como la clonación de vehículos, falseamiento de documentos y la creación de verdaderas alianzas entre grupos organizados dedicados a obtener estos vehículos y sacarlos por la frontera con Bolivia". La ANAC señala que una parte importante de los vehículos robados son desarmados para vender sus partes y piezas, o se envían a otros países vecinos.

El Mercurio contactó a la Cancillería chilena para obtener su visión del tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Fuente: Lostiempos.com y El Mercurio